El desmonte del subsidio: un paso necesario en la reforma del mercado de combustibles en Colombia

Por: Pablo Morales Mosquera, editor adjunto Revista C-Level.

El reciente incremento en el precio del ACPM en Colombia señala un momento crucial en la administración económica del país, marcando una transición esencial hacia una política de precios más sostenible. El ajuste de $1.904 en el galón de ACPM, elevando su precio a $11.360, no solo actúa como una medida correctiva, sino que también refleja las decisiones difíciles que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que enfrentar para abordar un déficit fiscal prolongado y una estructura económica insostenible.

Históricamente, los subsidios a los combustibles en Colombia han servido como una herramienta de política populista, diseñados para ganar apoyo popular sin considerar las consecuencias fiscales a largo plazo. El subsidio al ACPM, que se expandió significativamente durante la administración anterior, se convirtió en una carga económica desproporcionada, acumulando un déficit cercano a $37 billones en 2022. Esta cifra equivale al 75% del presupuesto nacional para educación, destacando el peso oneroso de tales políticas en la financiación de servicios esenciales.

El gobierno actual ha heredado esta situación crítica y está intentando corregirla mediante el desmonte gradual de estos subsidios. Aunque la medida ha generado resistencia, especialmente entre los sectores de transporte que enfrentan un impacto directo en sus costos operativos, es fundamental entender que esta corrección busca restablecer el equilibrio fiscal del país. La decisión de ajustar el precio del ACPM refleja una necesidad urgente de ajustar las finanzas públicas y aliviar el déficit generado por subsidios insostenibles.

Los argumentos contra el aumento del precio del ACPM, incluyendo las protestas de los camioneros y las preocupaciones de los comerciantes sobre el impacto en los costos, no deben eclipsar la realidad económica subyacente. Durante el periodo de subsidios, los transportadores y otros sectores se beneficiaron de precios artificialmente bajos, sin asumir el costo real de los combustibles. Este periodo de beneficios también se tradujo en una deuda fiscal significativa, la cual el país ahora debe enfrentar.

Además, el sistema actual de subsidios no solo afecta las finanzas nacionales, sino que también contribuye a la distorsión de precios en el mercado. En un contexto de transición energética, subsidios a combustibles fósiles como el ACPM van en contra de las tendencias globales hacia una economía más verde y sostenible. Mantener estos subsidios perpetúa el uso de recursos no renovables y retrasa la adopción de fuentes de energía más limpias, una prioridad global para mitigar el cambio climático.

El ajuste en los precios del ACPM también debe ser analizado en el contexto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual ha demostrado ser un mecanismo costoso e ineficiente. La fórmula del FEPC, que paga a los productores y refinadores basándose en precios internacionales en lugar de costos reales de producción, ha llevado a un déficit recurrente que afecta el presupuesto nacional. La crítica hacia el FEPC y su estructura es válida, y el debate sobre su reforma es esencial para evitar futuros desequilibrios fiscales.

Finalmente, el aumento del precio del ACPM es un paso necesario para corregir una política fiscal insostenible y promover una mayor equidad en el sistema económico. Aunque la medida es impopular y tiene repercusiones inmediatas para los sectores dependientes de este combustible, es un movimiento hacia una gestión económica más responsable y equilibrada. Reconocer el ajuste como una medida de buena administración económica es crucial para avanzar hacia una estabilidad fiscal y una política energética más coherente con los desafíos del siglo XXI.