FEDEMADERAS demanda el Decreto 1191 por riesgos a la propiedad privada

La seguridad jurídica y el derecho a la propiedad en la industria forestal colombiana volvieron al centro del debate tras la demanda de nulidad presentada por la Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) contra el Decreto 1191 del 12 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho y respaldado por otras entidades del Gobierno .

La acción judicial fue interpuesta ante el Consejo de Estado, junto con una solicitud de suspensión provisional urgente, y fue acompañada por el expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas.

Venta anticipada de bienes en procesos judiciales

Según FEDEMADERAS, el decreto autoriza al Estado a vender de forma anticipada bienes que apenas se encuentran en etapas iniciales de procesos judiciales, una medida que, a juicio del gremio, desconoce decisiones previas de la Corte Constitucional y pone en entredicho el debido proceso y el derecho de propiedad.

El gremio advirtió que la norma desvirtúa el carácter reparador del Fondo para la Reparación de Víctimas, al permitir disposiciones patrimoniales antes de que exista una decisión judicial en firme.

Impacto directo sobre familias y proyectos productivos

El alcance de la medida, según FEDEMADERAS, va más allá del debate jurídico. La federación alertó que más de 4.000 familias podrían verse expuestas a la pérdida de sus predios y a la afectación de proyectos productivos forestales que superan las 100.000 hectáreas, construidos durante décadas.

Además, el gremio señaló que personas vulnerables que retornaron a sus tierras tras procesos de desplazamiento podrían enfrentar una revictimización, al ver comprometidos sus proyectos productivos y comunitarios.

Un sector con alto potencial y bajo desempeño

De acuerdo con FEDEMADERAS, la industria forestal enfrenta un contraste estructural: Colombia cuenta con una alta aptitud forestal, pero su aporte económico sigue siendo limitado.

“Somos un país con enormes ventajas forestales, pero con un aporte al PIB menor al 1 %, un uso de la madera en la construcción inferior al 2 % y un consumo per cápita que no alcanza los 0,15 m³ anuales”, afirmó Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de FEDEMADERAS. El directivo también destacó que la balanza comercial del sector registra un déficit superior a USD 923 millones.

Llamado a garantizar seguridad jurídica para la inversión

Para el gremio, la falta de reglas claras y estables se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que la industria forestal contribuya a la reindustrialización, el desarrollo rural y la bioeconomía.

FEDEMADERAS insistió en que la inversión nacional y extranjera requiere seguridad jurídica real y previsible, especialmente en un sector clave para la economía sostenible y la soberanía productiva de las regiones.

“Nuestro llamado es a que las decisiones públicas se adopten con estricto respeto por la Constitución, la ley y los derechos de quienes han trabajado durante años por el desarrollo del campo y los proyectos forestales del país”, concluyó Vásquez.

Un debate con implicaciones estructurales

El caso abre un nuevo frente de discusión sobre los límites del Estado en la administración de bienes en litigio, el equilibrio entre reparación a las víctimas y la protección de derechos fundamentales, y el impacto de la regulación sobre sectores productivos estratégicos.

Para la industria forestal, la resolución de este debate será determinante para definir el rumbo de la inversión, la generación de empleo rural y la sostenibilidad de largo plazo del sector.