Impuesto al cigarrillo podría disparar contrabando en Colombia

El debate sobre el incremento del impuesto al cigarrillo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica del país. De acuerdo con evidencia académica y análisis recientes, aumentos abruptos en la carga tributaria pueden generar efectos no deseados, entre ellos un crecimiento significativo del contrabando, menor recaudo efectivo y mayores riesgos para la seguridad y el orden público en varias regiones.

Así lo concluye el estudio “Estado del arte del debate de la tributación y la regulación del cigarrillo de combustión y de los Productos de Tabaco Calentado y de Vapeo”, elaborado por el economista Juan Gonzalo Zapata y publicado en noviembre de 2025 por la Universidad Federal de Uberlândia y ALACERO.

Contrabando: una reacción conocida a los aumentos de precio

La evidencia internacional es consistente: cuando el precio final del cigarrillo sube de forma significativa, el mercado ilegal crece. Según Zapata, este fenómeno ocurre independientemente de si el aumento se origina en impuestos o en decisiones empresariales, pero se intensifica cuando los ajustes son bruscos.

“Existe fuerte evidencia de que el incremento en el precio final genera un aumento del contrabando. Un alza como la propuesta podría tener efectos considerables, aunque diferenciados por regiones”, explica el economista .

La experiencia de países vecinos como Ecuador refuerza esta advertencia. Aunque Colombia cuenta con mayor capacidad institucional, el riesgo persiste y su magnitud resulta difícil de anticipar.

Impacto fiscal: recaudo estable, base gravable en caída

Uno de los puntos más sensibles del debate es el efecto sobre las finanzas departamentales. El impuesto al cigarrillo representa una fuente relevante de ingresos corrientes para los territorios, pero el estudio advierte que un mayor impuesto no garantiza mayor recaudo.

Desde la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, que elevó de forma significativa la tarifa, el recaudo se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, la base gravable se ha reducido, lo que ha limitado el crecimiento de los ingresos reales y ha abierto espacio al mercado ilegal.

Autoridades regionales, como las de Cundinamarca, señalan que el contrabando neutraliza buena parte del efecto esperado del aumento tributario, afectando directamente los recursos destinados a salud y educación.

Más que un tema económico: riesgos de seguridad

El contrabando de cigarrillos no opera de forma aislada. Según el análisis, suele integrarse a otras economías ilegales, fortaleciendo redes criminales y elevando los riesgos en materia de seguridad ciudadana.

Regiones como Chocó, Antioquia, la zona cafetera y Cundinamarca presentan dinámicas diferenciadas. En algunas, la fortaleza institucional reduce el impacto; en otras, el aumento de la ilegalidad puede agravar problemáticas ya existentes, lo que convierte la decisión tributaria en un asunto de orden público.

¿Qué dicen las mejores prácticas internacionales?

El estudio compara el caso colombiano con las experiencias de la OCDE. Antes de 2016, Colombia tenía una carga impositiva baja sobre los cigarrillos; tras la reforma, se ubicó por encima del promedio internacional, con incrementos reales cercanos al 50 % en menos de una década.

La conclusión es clara: “Ajustes marginales son posibles, pero aumentos abruptos abren una ‘caja de Pandora’ con consecuencias difíciles de prever”, advierte Zapata .

En cuanto a productos sin combustión, la evidencia internacional muestra una tendencia a diferenciaciones fiscales favorables frente al cigarrillo tradicional. Según Fedesarrollo (2024), el 70 % de los países de la OCDE aplica impuestos significativamente menores a los productos de tabaco calentado y el 88 % hace lo mismo con soluciones líquidas para vapeo.

Una decisión con efectos estructurales

El debate sobre el impuesto al cigarrillo trasciende la discusión tributaria. Afecta el recaudo territorial, la legalidad del mercado, la seguridad y la sostenibilidad de las políticas públicas. La evidencia sugiere que decisiones fiscales mal calibradas pueden terminar debilitando los objetivos que buscan fortalecer.

En un contexto de emergencia económica y presión sobre las finanzas públicas, el reto para los tomadores de decisión será equilibrar salud pública, recaudo y control de la ilegalidad, evitando que el remedio termine agravando el problema.