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Informe oficial revela fracaso de intervenciones a las EPS

Informe de Contraloría revela que intervenciones a EPS no mejoraron finanzas y ponen en riesgo medicamentos y servicios a 29 millones de afiliados ya.
Lunes, Diciembre 29, 2025

El sistema de salud colombiano enfrenta un deterioro crítico tras conocerse los resultados del informe de la Contraloría General de la República sobre las intervenciones realizadas a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) entre 2019 y 2024. El estudio concluye que las medidas de control estatal no lograron mejorar la sostenibilidad financiera ni la capacidad operativa de las EPS intervenidas, comprometiendo el acceso a medicamentos y servicios esenciales para millones de pacientes .

Según el documento, el 75% de las EAPB intervenidas presenta un desempeño “medio-bajo”, sin avances estructurales tras años de control. Como resultado, 29,25 millones de afiliados, el 58% de la población asegurada, dependen hoy de entidades con serias dificultades financieras y operativas, una situación que se traduce en interrupciones en diagnósticos, tratamientos y suministro de medicamentos.

Riesgo sistémico en aumento

La Contraloría advierte que la fragilidad del sistema se ha profundizado con el tiempo. La probabilidad de una crisis estructural pasó del 30% en 2019 al 49,5% en 2024, y el modelo econométrico proyecta que podría alcanzar el 60,4% en 2026, de mantenerse las condiciones actuales.

Este escenario explica, según el informe, por qué las intervenciones no lograron corregir los problemas de fondo relacionados con el flujo de recursos, la gestión del riesgo en salud y la sostenibilidad de la red de prestación de servicios.

Deudas, ineficiencia y ruptura de la cadena farmacéutica

Uno de los hallazgos más críticos es el nivel de endeudamiento acumulado por las EAPB intervenidas, que asciende a $9,3 billones de pesos con la red de salud. En algunos procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50% de los recursos, reduciendo la disponibilidad para pagar medicamentos y servicios asistenciales .

A esto se suma un incremento del 70% en la cartera vencida, lo que ha llevado a proveedores y operadores logísticos a suspender servicios. Un caso reciente es la salida de un gestor farmacéutico de la Nueva EPS, hecho que, según el informe, evidencia la pérdida de capacidad de pago de las aseguradoras bajo intervención estatal .

“La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no es un hecho aislado. Significa que la entidad aseguradora ha perdido completamente su capacidad de pago”, advirtió Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la AFIDRO. “Detrás de esas cifras hay pacientes crónicos sin medicamentos, personas en tratamiento oncológico sin continuidad terapéutica y hospitales sin insumos básicos” .

Intervenciones sin resultados reales

El informe también cuestiona los mecanismos de evaluación utilizados durante las liquidaciones. Solo se ha recuperado el 6,07% de las cuentas por cobrar de las entidades liquidadas: de $3,05 billones, apenas $185 mil millones fueron efectivamente recaudados. Aunque diez de once entidades reportaron un cumplimiento superior al 90 % de sus planes, solo pagaron entre el 35% y el 40% de sus deudas, lo que demuestra que se midieron actividades, no resultados reales .

Adicionalmente, existen $770 mil millones en deudas con Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), situación que amenaza la operación básica de estas instituciones en varias regiones del país.

Llamado urgente a soluciones estructurales

Frente a este panorama, AFIDRO hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar soluciones financieras urgentes, ajustar de forma técnica el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y garantizar una transición ordenada de los pacientes, de modo que los cambios de operadores no interrumpan el acceso a medicamentos y tratamientos .

El informe de la Contraloría deja en evidencia que la crisis del sistema de salud no es coyuntural, sino el resultado de intervenciones que no corrigieron los problemas estructurales, poniendo en riesgo la continuidad del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.

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