Nueva ley aduanera obliga a las empresas a reforzar sus controles internos

La entrada en vigor de la Ley 2586 de 2026 modifica el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en Colombia, reemplazando el Decreto Ley 920 de 2023 y estableciendo un nuevo marco para importadores, exportadores y operadores logísticos.

Además de atender el riesgo de vacío jurídico advertido por la Corte Constitucional, la nueva norma garantiza la continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales valorados en $3,2 billones, según la DIAN.

Para las empresas, el cambio implica revisar operaciones en curso, fortalecer los controles internos y asegurar la trazabilidad documental de sus actividades de comercio exterior.

"Estamos frente a un cambio de paradigma normativo para el comercio exterior colombiano. La Ley 2586 abre espacios para una aplicación más proporcional del régimen sancionatorio, pero también exige que las empresas cuenten con controles internos sólidos, soportes documentales adecuados y capacidad para demostrar debida diligencia frente a la autoridad aduanera", afirmó Sebastián Mendivelso, gerente de Servicios Legales de KPMG Colombia.

La norma prioriza la proporcionalidad y el cumplimiento voluntario

El nuevo régimen reemplaza un enfoque basado principalmente en la aplicación objetiva de la norma por uno sustentado en principios como la proporcionalidad, la buena fe, la debida diligencia y la promoción del cumplimiento voluntario.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la reducción del número de infracciones, la racionalización de las causales de aprehensión de mercancías y la diferenciación entre errores formales y conductas que representan un mayor riesgo para el control aduanero.

La ley también incorpora incentivos para quienes corrijan oportunamente infracciones leves, incluyendo la posibilidad de recibir una amonestación en lugar de una sanción económica y mecanismos para reducir multas.

Cinco ajustes que recomienda KPMG

Ante la entrada en vigor de la nueva legislación, KPMG identifica cinco acciones prioritarias para las organizaciones:

• Revisar los procesos administrativos iniciados bajo el régimen anterior para evaluar la aplicación del principio de favorabilidad.
• Actualizar las matrices de riesgo aduanero, considerando las nuevas obligaciones para cada actor del comercio exterior.
• Fortalecer la trazabilidad documental, garantizando la disponibilidad y consistencia de contratos, facturas, registros contables y demás soportes.
• Reforzar la debida diligencia con terceros, incluyendo proveedores, transportadores y operadores logísticos.
• Prepararse para un modelo preventivo de fiscalización, en el que la Auditoría Posterior al Despacho tendrá un papel más relevante.

La debida diligencia será un elemento de defensa

Uno de los cambios de mayor alcance es que las empresas deberán demostrar que actuaron con debida diligencia en aspectos como la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, el origen de las mercancías y la gestión documental de sus operaciones.

"Una empresa puede tener una operación comercial legítima, pero si no cuenta con soportes adecuados, contratos claros con terceros o controles internos sólidos, se expone a contingencias que pueden afectar su operación, su flujo de caja y su reputación. Consolidar sistemas de gestión de riesgos será uno de los mayores activos de las organizaciones en esta nueva etapa del régimen aduanero", señaló Sebastián Mendivelso.

Aunque la nueva ley busca ofrecer mayor seguridad jurídica y fortalecer la relación entre la administración aduanera y los operadores formales, su aplicación seguirá evolucionando a medida que avance el control de constitucionalidad y la jurisprudencia defina el alcance de sus disposiciones. En ese contexto, la capacidad de adaptación normativa y de gestión del riesgo será un factor determinante para la competitividad de las empresas que participan en el comercio exterior colombiano.