Caso Claro SIC: la defensa del operador tras la sanción por portabilidad numérica

El caso Claro SIC sigue generando atención en el sector de telecomunicaciones luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio impusiera una multa superior a $2.013 millones por presuntas barreras a la portabilidad numérica de usuarios del programa Última Milla Móvil MINTIC 1.

La SIC concluyó que el operador rechazó solicitudes de cambio con base en una “mora” que no podía acreditarse y que, según el regulador, vulneraba la libertad de elección de los usuarios.

Ahora, Claro entregó de manera oficial su postura frente a la resolución, insistiendo en que la decisión no es definitiva y que la compañía no incumplió el régimen de protección de usuarios.

Claro niega haber vulnerado la portabilidad y anuncia recursos legales

En un comunicado fechado el 11 de diciembre de 2025, Claro informó que fue notificado de la Resolución 95096 y que interpondrá los recursos de reposición y apelación correspondientes.

La compañía sostuvo que durante la investigación administrativa presentó pruebas que, a su juicio, desvirtúan los cargos imputados por la Dirección de Protección de Usuarios de Comunicaciones.

“Esta resolución no es una decisión definitiva. Claro interpondrá los recursos legales procedentes para buscar la revocatoria de la sanción impuesta”, indicó la empresa en su pronunciamiento oficial.

Además, señaló que confía en que, tras el análisis completo del expediente, la SIC emitirá una nueva decisión en la que se declare que no vulneró el régimen de portabilidad ni los derechos de los usuarios.

Libertad de elección: el punto más sensible del caso

La portabilidad numérica es uno de los instrumentos más importantes para la competencia en telecomunicaciones. La SIC afirma que al impedir el cambio de operador, incluso temporalmente, se generan barreras artificiales que afectan directamente la libertad del usuario.
Claro, por su parte, reitera su compromiso con ese principio: “Claro está comprometido con garantizar el derecho de los usuarios a elegir libremente su operador de telecomunicaciones”, aseguró la compañía.

Este contraste de interpretaciones será el eje central del proceso de apelación:

• Para la SIC, hubo una práctica que afectó derechos adquiridos.

• Para Claro, no existió mora ni conducta que impidiera legítimamente la portación.

Un caso que impacta a programas sociales y a la regulación del sector

La controversia es especialmente relevante porque involucra beneficiarios del programa Última Milla Móvil – NavegaTIC, orientado a estudiantes y población vulnerable.

El regulador consideró que rechazar portaciones dentro de este grupo amplifica la gravedad de la conducta; mientras que Claro sostiene que la interpretación de la SIC sobre el beneficio del programa no corresponde a una obligación atribuible al operador.

Esta discusión podría tener efectos en:

• La relación entre operadores y programas de inclusión digital.

• La interpretación de obligaciones en esquemas subsidiados.

• Los criterios de la SIC frente a sanciones por portabilidad.

Lo que viene: apelación y revisión del expediente

El recurso de reposición será resuelto por la misma Dirección de Investigaciones, mientras que el recurso de apelación será decidido por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor.

El proceso podría extenderse varias semanas o meses, dependiendo de la complejidad del caso y del análisis de pruebas presentado por ambas partes.

Mientras tanto, el sector observa con interés un expediente que, más allá de la sanción económica, define un precedente sobre:

• Qué constituye una barrera a la portabilidad,

• Cómo deben actuar los operadores frente a beneficiarios de programas estatales,

• Y qué alcance tiene la potestad sancionatoria de la SIC en telecomunicaciones.

Un debate abierto en el ecosistema móvil

El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de competencia, protección al usuario y gobernanza de la portabilidad.

En un mercado con más de 40 millones de líneas activas y una alta dependencia de incentivos públicos para cerrar la brecha digital, decisiones como esta moldean el comportamiento de operadores, reguladores y consumidores.

Por ahora, el país queda a la espera del desenlace jurídico, mientras Claro insiste en su defensa y la SIC mantiene su postura de protección estricta al usuario.