CGR alerta por $4,84 billones inmovilizados en fiducias públicas

La Contraloría General de la República (CGR) encendió una alerta fiscal tras analizar la gestión de recursos públicos administrados mediante contratos fiduciarios con corte a diciembre de 2024. El resultado es contundente: $4,84 billones de un total de $13,48 billones permanecen inmovilizados, equivalentes al 35,61% de los recursos y asociados a 156 de los 787 negocios fiduciarios evaluados.

Según el organismo de control, esta situación genera un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica y pérdida de eficacia social, al retrasar la ejecución de proyectos estratégicos financiados con recursos públicos.

Cada peso inmovilizado es inversión social aplazada

La CGR fue enfática en el impacto estructural de esta situación: cada peso inmovilizado representa un proyecto que no avanza, ya sea una vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura.

Esta parálisis afecta directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos, al postergar la entrega de bienes y servicios esenciales y comprometer el cumplimiento de metas de política pública.

Ministerio de Vivienda lidera recursos sin ejecutar

En una muestra específica de $390.265 millones, la Contraloría identificó una alta concentración de recursos inmovilizados en pocas entidades. El Ministerio de Vivienda encabeza la lista con $165.255 millones, equivalentes al 42,34% del total analizado.

Le siguen:

• Ministerio de Comercio: $109.320 millones (28,01%)

• Ministerio de Salud: $67.792 millones (17,37%)

Estos hallazgos evidencian cuellos de botella críticos en sectores estratégicos del gasto público.

Alta concentración en fiduciarias

El análisis también reveló una fuerte concentración en la administración de recursos inmovilizados por parte de pocas fiduciarias. La entidad con mayor volumen es Scotiabank Colpatria, con $168.081 millones, equivalentes al 43% de los recursos de la muestra.

Le siguen:

• Fiduciaria La Previsora: $74.440 millones

• Fiduciaria Popular: $46.979 millones

Para la CGR, esta concentración refuerza la necesidad de focalizar acciones correctivas sobre actores específicos para mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos.

Costo de oportunidad: eficiencia económica perdida

Desde el punto de vista fiscal, la Contraloría advierte que los recursos inmovilizados permanecen en portafolios de baja rentabilidad, cuyo rendimiento real es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran oportunamente.

Este costo de oportunidad eleva el costo fiscal implícito del Estado, en un contexto de restricciones presupuestales y alta demanda de inversión social.

Pérdida de eficacia social y riesgo de mayores retrasos

El impacto no es solo financiero. La CGR señala que la inmovilización de recursos:

• Retrasa la entrega de bienes y servicios

• Aumenta el riesgo de demoras futuras en contratos derivados

• Compromete el cumplimiento efectivo de metas públicas

Los proyectos con mayores niveles de inmovilización corresponden a sectores estratégicos como vivienda, infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, caracterizados por altos montos de inversión y ejecución de largo plazo.

Causas estructurales: gestión y diseño contractual

El estudio identifica como principales causas:

• Falta de ejecución oportuna

• Deficiencias contractuales

• Procesos administrativos ineficientes

Aunque los recursos estaban disponibles, la rigidez operativa y la debilidad en la gestión pública impidieron su ejecución, desvirtuando el objetivo original de los contratos fiduciarios, diseñados para mejorar eficiencia y transparencia.

Actuaciones fiscales en camino

Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República anunció que iniciará las actuaciones fiscales correspondientes, reiterando su compromiso con la defensa del patrimonio público y la mejora en la eficiencia del gasto.

Para los tomadores de decisión, el mensaje es claro: la inmovilización de recursos no es un problema contable, sino un riesgo estructural para la política social y la credibilidad del Estado.