Corte federal de EE. UU. falla a favor de Drummond Ltd.

Un fallo judicial Drummond emitido por un tribunal federal en Estados Unidos puso fin a un proceso legal de alto perfil contra la compañía minera, al concluir que las acusaciones presentadas en su contra eran falsas y difamatorias.

El 15 de enero, un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama determinó que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) incurrieron en acusaciones falsas contra Drummond Ltd., al señalarla —sin sustento— de apoyar grupos paramilitares en Colombia.

Según el veredicto, existía evidencia clara y convincente de que dichas afirmaciones eran falsas y de que quienes las promovieron sabían —o ignoraron de manera imprudente— su falta de veracidad.

El fallo judicial Drummond y la aplicación de la ley RICO

El jurado también concluyó que los demandados incurrieron en conductas violatorias de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), al comprobar prácticas como extorsión, soborno de testigos, manipulación de testimonios, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Como resultado, Drummond Ltd. recibió una indemnización de US$52 millones por difamación y US$68 millones por la demanda RICO, monto que, conforme a la ley estadounidense, se triplica automáticamente, elevando la compensación total a US$256 millones.

De acuerdo con los documentos del caso, las declaraciones falsas fueron difundidas mediante cartas dirigidas a terceros y campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa, con el objetivo de afectar la reputación de la empresa y sus relaciones comerciales.

Pagos irregulares y red de involucrados

Durante el juicio se acreditó que Collingsworth realizó pagos no revelados superiores a US$400.000 a testigos clave, entre ellos Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias El Viejo Miguel.

El jurado también halló responsables, bajo la ley RICO, a otros actores vinculados al caso, incluidos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek.

Pronunciamiento de la defensa legal

Tras conocerse el fallo, Trey Wells, abogado litigante principal de la firma Starnes Davis Florie LLP, afirmó que la decisión judicial desmonta de manera categórica las acusaciones contra la compañía.

“Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. Un jurado determinó por unanimidad que las acusaciones eran categóricamente falsas”, señaló Wells.

Operación en Colombia y posición institucional

En el comunicado, Drummond reiteró que desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los ochenta, ha actuado conforme a la legislación vigente, manteniendo estándares de integridad y respeto institucional.

La compañía aseguró que continuará desarrollando sus actividades bajo principios de operación ética y cumplimiento normativo, tanto en Colombia como en los demás países donde tiene presencia.