El ahorro pensional bajo presión: riesgos del nuevo límite a la inversión externa

El Gobierno nacional puso en comentarios un decreto que modificaría el régimen de inversión en activos del exterior de los fondos de pensiones obligatorios. La propuesta, impulsada por la administración de Gustavo Petro, establece un techo progresivo a la inversión internacional del ahorro pensional: 35 % en un plazo de tres años y 30 % en cinco años.

Aunque el decreto se presenta como un ajuste técnico, sus implicaciones económicas, financieras y de confianza van mucho más allá de lo regulatorio. En juego no está solo la composición de los portafolios de las AFP, sino la naturaleza misma del ahorro de millones de colombianos.

¿Qué propone el decreto?

El proyecto modifica el Decreto 2555 de 2010 y redefine el límite global de inversión en activos del exterior para los fondos de pensiones obligatorias. Actualmente, las AFP pueden diversificar una parte relevante de los recursos fuera del país, una práctica común en sistemas pensionales del mundo para mitigar riesgos y mejorar retornos ajustados por volatilidad.

Con la nueva propuesta, ese margen se reduciría de forma progresiva. En términos prácticos, las AFP tendrían que repatriar cerca de 105 billones de pesos para cumplir los nuevos topes. Es una cifra de enorme magnitud para el mercado financiero colombiano.

El argumento del Gobierno: inversión local y desarrollo

Desde la óptica oficial, el decreto busca canalizar más recursos hacia la economía nacional, fortalecer la inversión productiva y reducir la exposición a choques externos. El mensaje político es claro: que el ahorro de los colombianos “trabaje” dentro del país.

El problema es que el ahorro pensional no es una herramienta de política económica de corto plazo, sino un vehículo de protección de largo plazo cuyo objetivo principal es maximizar rentabilidad, seguridad y liquidez para los afiliados.

Los riesgos que no se están discutiendo

La primera alerta es la concentración de riesgo. Obligar a que una mayor proporción del ahorro pensional se invierta en Colombia expone los portafolios a un solo ciclo económico, a un entorno fiscal tensionado y a un mercado de capitales con profundidad limitada.

La segunda es el impacto en rentabilidad. La diversificación internacional ha sido, históricamente, una de las principales fuentes de estabilidad y retorno para los fondos. Reducirla puede traducirse en menores pensiones futuras, especialmente para los afiliados más jóvenes, cuyo horizonte de inversión es de décadas.

La tercera es la señal de confianza. Forzar la repatriación de capitales bajo regulación genera preguntas inevitables en los mercados: ¿se trata de una decisión técnica o de una necesidad fiscal encubierta? ¿Qué garantías existen de que estos recursos no terminen financiando déficits o proyectos de baja rentabilidad social?

¿Un debate técnico o político?

El decreto abre un debate que debería ser profundamente técnico, pero que hoy está cargado de lectura política. Las reglas del juego del ahorro pensional requieren estabilidad, previsibilidad y consensos amplios, no cambios estructurales impulsados desde coyunturas ideológicas o fiscales.

Además, trasladar en pocos años volúmenes tan grandes de recursos al mercado local puede generar distorsiones en precios de activos, presionar tasas de interés y reducir la eficiencia del sistema financiero.

Lo que está en juego

Este no es un debate entre “invertir afuera” o “invertir en Colombia”. Es una discusión sobre quién decide el uso del ahorro pensional y con qué criterios. Los recursos de las AFP pertenecen a los afiliados, no al Estado, y su administración debe responder a principios de prudencia financiera, no a objetivos de política económica transitoria.

Limitar la inversión externa puede parecer una decisión soberana, pero si no se evalúan con rigor sus consecuencias, el costo final podría recaer —silenciosamente— en las futuras pensiones de millones de colombianos.