El desafío de la informalidad en Colombia: un obstáculo para el desarrollo

Por: Pablo Morales Mosquera, editor adjunto Revista C-Level.

La informalidad es uno de los grandes retos que enfrenta Colombia para consolidar un sistema tributario sólido y equitativo. Con solo el 53,4% del presupuesto nacional financiado por impuestos, el país se encuentra muy por debajo del estándar de la OCDE, donde esta cifra puede llegar al 70%. Esta brecha no solo pone de manifiesto las diferencias en la organización de los sistemas fiscales, sino también la falta de eficiencia en la recaudación, agravada por un mercado laboral marcado por la informalidad.

Aunque Colombia tiene una de las cargas tributarias más altas para las empresas en la OCDE, el impacto de estos impuestos es limitado debido a la prevalencia de la economía informal. Los trabajadores formales deben destinar casi 195 días de su año laboral para cumplir con sus obligaciones fiscales, un esfuerzo que se ve mermado por la evasión generalizada en el sector informal. Este sector, que se beneficia de las inversiones públicas sin contribuir a ellas, es responsable en gran medida del déficit fiscal que enfrenta el país.

La informalidad no es un problema que afecta solo a los pequeños vendedores ambulantes, sino que también incluye a miles de pequeñas y medianas empresas y profesionales independientes que operan sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Las autoridades tributarias, centradas en los contribuyentes formales, han pasado por alto la necesidad de integrar a este amplio sector informal en el sistema fiscal. Esta omisión no solo perpetúa la inequidad, sino que también limita la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales.

Además, la informalidad laboral presenta una notable desigualdad de género, afectando al 57,9% de los hombres y al 53% de las mujeres. Esta situación no solo refleja la precariedad en las condiciones laborales de millones de colombianos, sino que también perpetúa la vulnerabilidad económica y social en el país. Por otro lado, la alta informalidad en microempresas, que alcanza el 84,8%, destaca la urgente necesidad de apoyar a estos negocios para que puedan formalizarse y ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores.

El camino hacia una economía más formal no solo requiere de nuevas reformas tributarias, sino de un enfoque integral que promueva la inclusión de todos los sectores en el sistema fiscal. La DIAN y los ministerios involucrados deben asumir un rol proactivo en la formalización de la economía, estableciendo metas claras de recaudación que permitan cubrir una mayor parte del presupuesto nacional. Solo así se podrá reducir la carga fiscal sobre los mismos contribuyentes de siempre y garantizar un desarrollo económico sostenible y equitativo.

Es imprescindible un cambio en la política tributaria que deje de asfixiar a las empresas formales. Si la DIAN y el gobierno siguen enfocándose únicamente en los mismos contribuyentes, sin integrar a la economía informal en el sistema fiscal, acabarán matando lentamente a las compañías que ya cumplen con sus deberes. Estas organizaciones, que son el motor económico del país, no pueden continuar soportando el peso de un sistema que no es justo ni inclusivo.

El país enfrenta una disyuntiva: o se impulsa una reforma integral que incorpore a todos los sectores en el marco tributario, o se seguirá ahorcando a quienes sostienen la economía formal. La supervivencia y el desarrollo de estas empresas dependen de un entorno fiscal equitativo, donde todos, sin excepción, contribuyan al bienestar común. Si no se realiza este cambio, el futuro de las empresas formales y, por ende, de la economía colombiana, estará en grave peligro.

La reforma tributaria y su impacto en el crecimiento económico:

La reciente reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro ha suscitado intensos debates sobre su viabilidad y sus efectos a largo plazo en la economía colombiana. Aunque la reforma tiene como objetivo principal reducir el déficit fiscal, que actualmente se sitúa en $25 billones, los analistas advierten que los beneficios podrían tardar en materializarse, lo que podría afectar negativamente el crecimiento económico hasta 2026. Según el Ministerio de Hacienda, se espera recaudar al menos $12 billones el próximo año, pero este monto podría no ser suficiente para equilibrar el presupuesto y reactivar la economía en el corto plazo.

A pesar de las intenciones de la reforma de proteger a los más vulnerables y excluir el IVA de la canasta familiar, los expertos mantienen su escepticismo sobre la efectividad de estas medidas. La preocupación principal radica en que, al aumentar la carga impositiva sobre los sectores más productivos, se podría frenar el consumo y la producción en un momento en que la economía necesita urgentemente una reactivación. Si el gobierno no ajusta su enfoque y prioriza un recorte significativo del gasto público, existe el riesgo de que la reforma no solo falle en alcanzar sus metas fiscales, sino que también genere un clima de incertidumbre que podría ahogar aún más el crecimiento económico y perjudicar a las empresas formales que ya están luchando por mantenerse a flote.

Congreso…¡Llegó la hora de un cambio real!

Ante la discusión de una nueva reforma tributaria, es crucial que el Congreso enfoque sus esfuerzos no solo en la recaudación, sino también en la formalización del empleo y de las empresas. Sin un compromiso firme para integrar a la economía informal en el sistema tributario, cualquier reforma estará condenada a ser insuficiente y a perpetuar un sistema económico que ahoga a las empresas formales. El debate debe centrarse en cómo lograr que más empresas y trabajadores se formalicen, contribuyan al sistema y, al mismo tiempo, se beneficien de las protecciones y oportunidades que ofrece la formalidad. Solo así se podrá garantizar un crecimiento económico sostenible y justo para todos.