Gobernadores rechazan decreto que centraliza impuestos al consumo

La Federación Nacional de Departamentos (FND), en representación de los 32 gobernadores del país, manifestó su rechazo al Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional modificó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, en el marco del Estado de Emergencia Económica.

En una carta dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los mandatarios departamentales advierten que el decreto excede los límites constitucionales de los estados de excepción y afecta de forma estructural la autonomía fiscal, política y administrativa de los territorios.

Autonomía fiscal: el eje del desacuerdo

La FND sostiene que, si bien la Constitución permite medidas extraordinarias en estados de emergencia, estas no son ilimitadas. La Corte Constitucional ha establecido que los decretos legislativos deben cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, sin desconocer pilares del Estado Social de Derecho como la descentralización.

En este caso, los gobernadores consideran que el decreto restringe de manera desproporcionada la capacidad de decisión fiscal de los departamentos, al intervenir tributos que no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que son rentas cedidas con destinación específica.

Impuesto al consumo: ingresos territoriales en riesgo

El documento recuerda que el impuesto al consumo representa cerca del 47% de los ingresos tributarios de los departamentos, recursos fundamentales para financiar salud, educación, deporte y otros servicios esenciales.

Desde esta perspectiva, la FND cuestiona la contradicción de fondo del decreto: aunque su objetivo declarado es financiar el presupuesto nacional, los impuestos al consumo no contribuyen directamente a ese presupuesto, sino que pertenecen a las entidades territoriales, conforme a la Ley 223 de 1995 y normas posteriores.

Centralismo fiscal y desequilibrio estructural

Los gobernadores advierten que el decreto profundiza el centralismo fiscal, trasladando el ajuste a tributos territoriales en un contexto donde:

• La Nación recauda el 81% de los impuestos

• Los departamentos apenas el 5%

• Los municipios el 14%

Lejos de corregir este desequilibrio, las medidas incrementan la dependencia de transferencias nacionales y debilitan la capacidad recaudatoria local.

Contrabando: un efecto colateral previsible

Uno de los puntos más sensibles del análisis es el impacto sobre la ilegalidad y el contrabando. Según el documento, el contrabando de cigarrillos alcanzó 36% en 2024, el nivel más alto desde 2011, y generó pérdidas cercanas a 1 billón de pesos para los departamentos.

Estudios citados en la carta muestran que incrementos tributarios elevados no reducen el consumo, sino que desplazan la demanda hacia productos ilegales, fortaleciendo economías criminales y afectando tanto las finanzas públicas como la seguridad.

En el caso de los licores, se estima que 22% del consumo corresponde a contrabando, con riesgos adicionales para la salud pública.

Rigidización del monopolio rentístico

El decreto también impacta el monopolio rentístico de licores, al elevar el piso del impuesto mínimo y exigir uniformidad tarifaria. Según la FND, esta medida reduce sustancialmente el margen de maniobra de los departamentos para equilibrar recaudo, control de ilegalidad y políticas de salud.

El resultado, advierten, es una armonización de facto desde el nivel central, que limita la capacidad local de usar estos instrumentos como herramientas de política pública.

Vacíos normativos y riesgos operativos

Además del debate constitucional, los gobernadores señalan deficiencias de técnica legislativa, ambigüedades en la base gravable, ausencia de criterios claros para diferenciar productos nacionales y extranjeros, y falta de lineamientos operativos para la implementación territorial.

Estas omisiones, sostienen, afectan la seguridad jurídica y la certeza del tributo, incluso en el marco de un estado de excepción.

Un llamado a replantear la medida

En el cierre de la carta, la FND reitera su rechazo categórico al Decreto 1474 de 2025 y solicita al Ministerio de Hacienda replantear las medidas mediante una mesa de trabajo conjunta, buscando alternativas que no debiliten la descentralización ni pongan en riesgo la financiación de derechos fundamentales en las regiones.