Gremios y expertos alertan riesgos por aumento del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en Colombia, cercano al 23 %, continúa generando reacciones críticas desde distintos sectores empresariales y centros de pensamiento, que advierten impactos adversos sobre el empleo formal, la inflación y la estabilidad económica, pese a reconocer el objetivo legítimo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de AmCham Colombia, que señaló que un ajuste de esta magnitud, más allá de un avance social, podría convertirse en un riesgo significativo para los trabajadores y para la estabilidad económica del país.

AmCham: impacto en empleo, empresas y precios

En su análisis, AmCham advierte que el salario mínimo debe proteger el ingreso sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. Sin embargo, considera que un incremento del 23 % en las condiciones actuales es difícil de sostener y puede terminar afectando justamente a los hogares que se busca respaldar.

“La verdadera justicia social requiere medidas que el país pueda mantener en el tiempo, no solo anuncios de corto plazo”, señala el documento, al tiempo que cuestiona que el ajuste se haya planteado por fuera de los criterios previstos en la Constitución y la Ley 278, que exigen considerar inflación, productividad, crecimiento y situación del empleo.

AmCham también alerta que el costo total para el empleador de un trabajador que devenga salario mínimo se acercaría a los $2,7 millones mensuales, mientras que el ingreso efectivo del trabajador rondaría los $1,86 millones, una brecha que resulta difícil de absorber para miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Este diferencial, advierte el gremio, se traslada a precios más altos de bienes y servicios, afectando el bolsillo de los hogares.

Competitividad y atracción de inversión en riesgo

Desde una perspectiva de competitividad, AmCham subraya que un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad, sumado a una regulación laboral más rígida y a la incertidumbre jurídica, deja a Colombia en desventaja frente a otros países de la región que compiten por la misma inversión.

Según el gremio, este escenario encarece abruptamente el trabajo formal, sin mejoras equivalentes en productividad, lo que puede terminar empujando inversión hacia destinos más estables y previsibles.

ICP: un debate estructural mal enfocado

A estas alertas se suma el análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que plantea que el debate anual sobre el salario mínimo está desenfocado y no está resolviendo el problema estructural del mercado laboral colombiano.

Según el ICP, el salario mínimo se ha convertido en el techo aspiracional para la mayoría de los trabajadores, en lugar de ser un punto de partida. El centro de estudios destaca que en Colombia el salario mínimo representa el 92,31 % del salario mediano, una proporción inusualmente alta frente a otros países.

“Esto revela que la escalera de ascenso salarial está rota”, señala el informe, al evidenciar que una parte significativa de los trabajadores formales percibe ingresos cercanos al mínimo o incluso inferiores.

Comparaciones internacionales y productividad

El ICP compara esta situación con economías como Estados Unidos, donde el salario mínimo equivale a cerca del 25 % del salario mediano, o países como España y Reino Unido, donde la relación oscila entre 53 % y 61 %. En contraste, el caso colombiano muestra una economía con baja capacidad para generar salarios medios y altos, asfixiada por costos, regulación e incertidumbre.

El documento también destaca que entre 2022 y 2025 el salario mínimo en Colombia creció cerca de 42 %, frente a una inflación acumulada cercana al 30 % y una productividad prácticamente estancada, lo que refuerza el argumento de que seguir elevando el salario mínimo por encima de la productividad aumenta el costo de contratar y reduce la capacidad de generar empleo formal.

Beneficia a pocos, impacta a muchos

Tanto AmCham como el ICP coinciden en que el aumento directo del salario mínimo beneficia principalmente a una fracción de los ocupados formales, mientras que la mayoría de los trabajadores —especialmente los informales— no recibe el incremento, pero sí enfrenta sus consecuencias: mayores precios en alimentos, transporte y servicios, y más barreras para acceder a un empleo formal.

“Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades”, concluye el análisis del ICP.