IVA al juego online reduce en 30 % los aportes a la salud

La imposición del IVA del 19 % sobre los depósitos en apuestas en línea ha generado una disminución significativa en los recursos que este sector destina a la salud pública en Colombia. Según estimaciones de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), el promedio mensual de aportes por derechos de explotación pasó de más de $40.000 millones antes de la medida a cerca de $28.000 millones en los primeros cuatro meses de su aplicación, una caída superior al 30 %.

En 2024, el juego legal transfirió $436.000 millones al sistema de salud, convirtiéndose en una de las principales fuentes alternativas de financiación del régimen subsidiado. Estos recursos provienen de una contribución equivalente al 15 % del ingreso operativo real de los operadores de apuestas en línea.

“Esta caída en el recaudo preocupa profundamente, pues los recursos que transferimos son esenciales para financiar el régimen subsidiado de salud. La medida no sólo afecta la sostenibilidad de las plataformas legales, sino que también reduce los fondos que llegan a millones de colombianos”, advirtió Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos.

Operadores asumen el impacto para frenar migración ilegal

Montero explicó que los operadores han absorbido gran parte del impuesto para evitar trasladarlo a los usuarios y contener la migración hacia plataformas ilegales, lo que ha reducido de forma considerable los márgenes operativos. “Este esfuerzo, aunque necesario para proteger el mercado regulado, no puede sostenerse indefinidamente. Si el modelo sigue así, los aportes a la salud continuarán cayendo y el juego legal perderá la partida”, agregó.

Riesgos para el ecosistema regulado

El gremio advierte que el debilitamiento financiero de las plataformas legales podría afectar la generación de empleo, la innovación tecnológica y la estabilidad de una industria que opera bajo estándares de legalidad y responsabilidad social. 

Por ello, Fecoljuegos insiste en que se revisen las políticas fiscales para garantizar que el sector siga siendo un aporte constante a las finanzas públicas y al financiamiento de la salud.