La última legislatura: entre reformas inconclusas y el inicio del pulso electoral

El 20 de julio inició la última legislatura del actual Gobierno Nacional, un periodo clave no solo para intentar aprobar reformas estratégicas que quedaron pendientes, sino también para definir el clima político en el que se moverá el país durante el inicio oficial de la carrera presidencial 2026.

La reforma a la salud, el estatuto del trabajo, la reforma pensional —ya aprobada en el Senado— y el nuevo modelo de servicios públicos hacen parte de la agenda prioritaria del Ejecutivo, pero su viabilidad está condicionada por un Congreso fragmentado, un ambiente de baja gobernabilidad y una ciudadanía cada vez más crítica de los resultados.

Un Congreso en modo electoral

A diferencia de legislaturas anteriores, el contexto actual está atravesado por la proximidad del calendario electoral presidencial, lo cual cambia las reglas del juego. Varios congresistas empiezan a proyectar sus alianzas futuras, los bloques políticos se reorganizan y muchas decisiones estarán marcadas por cálculos electorales más que por criterios técnicos o de largo plazo.

Esta dinámica introduce un riesgo: que el debate legislativo se desacelere o se contamine de polarización, dificultando aún más la aprobación de reformas estructurales o el análisis serio de nuevas propuestas.

Reformas y realidad fiscal: un año de decisiones

Aunque el Gobierno insiste en avanzar con su agenda social, la capacidad fiscal del Estado es limitada. El presupuesto de 2025, que será debatido en los próximos meses, parte de un marco macroeconómico ajustado, con restricciones de ingresos y menor espacio para nuevos gastos permanentes. 

Esto implica que cualquier iniciativa que implique más recursos públicos deberá tener no solo respaldo político, sino también rigor técnico y sostenibilidad en el tiempo.

Lo que se juega el sector empresarial

Para el sector productivo, esta legislatura representa una oportunidad y un riesgo. Proyectos como la reforma laboral, el estatuto del trabajo, las medidas para formalización empresarial, la transformación energética y la política de industrialización requieren una discusión seria, abierta y basada en evidencia.

Las empresas y gremios tienen el reto de participar activamente, aportar argumentos técnicos y contribuir a una deliberación democrática de altura, sin caer en la polarización ni el inmovilismo.