Libertad regulada del arroz: impacto económico y reacción del sector arrocero

La reciente decisión del Gobierno Nacional de someter el arroz paddy verde a un régimen de libertad regulada de precios ha desatado una fuerte preocupación en el sector arrocero colombiano. La Cámara Induarroz de la ANDI advirtió que esta medida no solo ignora la magnitud de la sobreoferta de arroz sin precedentes en el país, sino que podría desencadenar consecuencias negativas para agricultores, consumidores y la sostenibilidad de toda la cadena productiva.

El sector arrocero: motor de desarrollo y empleo rural

En Colombia, la industria arrocera genera más de 8.000 empleos formales y opera mayoritariamente en zonas rurales. En 2024, el país sembró un récord histórico de 631.000 hectáreas, lo que resultó en la mayor cosecha de arroz registrada, con 3,5 millones de toneladas de paddy verde. Este exceso de oferta ha provocado una caída de aproximadamente el 30% en los precios internacionales del arroz, según la Cámara .

Riesgos de la libertad regulada del arroz

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Cámara Induarroz el 6 de agosto de 2025, los principales riesgos identificados con la implementación de la libertad regulada son:

• Aumento del precio del arroz blanco al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.

• Incentivo equivocado para seguir incrementando las siembras, profundizando la sobreoferta.

• Pérdida de competitividad frente a importaciones, en un contexto global de excedentes.

• Incremento de la informalidad y desequilibrios estructurales en la cadena.

• Posible desincentivo al almacenamiento del cereal, lo cual genera incertidumbre en el mercado.

La Cámara enfatizó que esta decisión se tomó sin tener en cuenta el origen del problema ni los aportes técnicos presentados previamente por el gremio .

Respaldo institucional y crítica desde la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su concepto de abogacía de la competencia, coincidió con las preocupaciones del gremio y calificó la medida como “una clara limitación al libre proceso de formación de precios”, señalando además que podría afectar la eficiencia del mercado y la adecuada transmisión de información .

Según la SIC, esta medida “solo se justifica si es transitoria”, y advirtió que podría incentivar a ciertos compradores a ofrecer precios mínimos, comprometiendo la sostenibilidad económica del sector a mediano y largo plazo .

La Cámara Induarroz hizo un llamado al Gobierno para trabajar en una solución estructural que permita absorber la cosecha completa sin distorsionar el mercado. También pidió avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y en la construcción de una cadena arrocera competitiva y sostenible, de cara a la apertura comercial proyectada para 2030 .