MinJusticia radica ley para impulsar la Paz Total en Colombia

En medio del debate nacional sobre la seguridad y la reincidencia de grupos armados, el Ministerio de Justicia radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca convertirse en la columna vertebral jurídica de la llamada Paz Total. La iniciativa, liderada por el ministro Eduardo Montealegre, fue avalada por el Consejo Superior de Política Criminal y establece reglas claras para diferenciar entre negociaciones de paz y procesos de sometimiento a la justicia.

El objetivo: desarmar, desmovilizar y reintegrar a los actores armados ilegales, sin sacrificar los derechos de las víctimas ni construir “alambradas de impunidad”.

Proyecto de ley para la Paz Total: ¿en qué consiste?

El proyecto parte de una premisa clara: no todos los grupos armados deben ser tratados por igual. Por eso, propone dos caminos jurídicos distintos según la naturaleza de cada actor ilegal:

• Grupos con carácter político (como el ELN o las disidencias de las Farc) podrán iniciar negociaciones de paz.

• Bandas criminales o estructuras armadas organizadas (como el Clan del Golfo) deberán acogerse a un proceso de sometimiento, bajo condiciones estrictas.

Entre esas condiciones están: la entrega de armas, la colaboración efectiva con la justicia, la reparación a las víctimas, la no repetición de ataques a la población y el compromiso con la reintegración social.

“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia", afirmó el ministro Montealegre.

Una hoja de ruta con enfoque de justicia

El proyecto también corrige uno de los principales cuellos de botella del sistema judicial colombiano: la dispersión normativa. Actualmente, fiscales, jueces y fuerzas del orden deben actuar bajo marcos legales fragmentados, lo que dificulta una respuesta efectiva al crimen organizado.

Por eso, el nuevo proyecto propone una ley unificada que articule los distintos frentes de acción contra los grupos ilegales, fortaleciendo la capacidad del Estado para actuar con celeridad y justicia.

Críticas al proyecto y reacciones políticas

A pesar del enfoque técnico del proyecto, las críticas no se han hecho esperar. Desde Antioquia, el gobernador Julián Rendón señaló que la iniciativa “busca tratamiento de angelitos para criminales”, mientras que el expresidente Juan Manuel Santos manifestó reservas sobre la estrategia de sometimiento de grupos armados, al igual que el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha alertado por el repunte de la violencia en el país.

No obstante, el Gobierno insiste en que este no es un camino de impunidad. “Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, recalcó Montealegre, quien ha insistido en que la propuesta busca combinar las lecciones del pasado con nuevas herramientas jurídicas que logren resultados reales.