Pacto por el Crédito: avances, desafíos y reflexiones sobre las inversiones forzosas

El “Pacto por el Crédito”, firmado en 2023 entre el Gobierno y las entidades financieras, busca movilizar $252,7 billones en nuevos créditos durante 18 meses, orientados a sectores estratégicos como vivienda, manufactura, transición energética, agroindustria, turismo y economía popular. Con nueve meses de implementación cumplidos, es momento de evaluar los avances, reconocer los retos y reflexionar sobre las propuestas que han surgido en el debate público, como la posibilidad de implementar esquemas de inversión obligatoria en ciertos sectores.

Balance del Pacto por el Crédito a la fecha

De acuerdo con el Boletín 9 de la Superintendencia Financiera (mayo de 2025), el pacto registra desembolsos acumulados por $115,6 billones, es decir, el 45,7 % de la meta total, justo en la mitad del período previsto.

El cumplimiento varía significativamente según el sector:

^{Fuente: Superfinanciera – Boletines 7, 8 y 9 (2025)}

El pacto ha mostrado tracción importante en sectores como vivienda e infraestructura, mientras que los avances en turismo y economía popular siguen siendo bajos. Además, más de la mitad de los recursos sigue fluyendo hacia grandes empresas, lo que ha generado legítimas preocupaciones sobre la inclusión financiera y la efectividad del pacto para llegar a los segmentos más vulnerables.

Sobre la posibilidad de inversiones forzosas 

Dado el ritmo desigual de ejecución, ha ganado espacio en el debate público la idea de establecer inversiones obligatorias para las entidades financieras, destinadas a sectores priorizados por el Estado, como la industria manufacturera o la exportación.

Este tipo de medidas, utilizadas en el pasado bajo distintas modalidades, consiste en exigir a las entidades financieras que destinen un porcentaje de su portafolio a ciertos sectores o actividades, generalmente bajo condiciones reguladas de tasa o riesgo.

Si bien buscan acelerar el crédito hacia áreas estratégicas, también conllevan efectos secundarios que deben ser cuidadosamente valorados:

Posibles impactos a considerar: 

1. Menor flexibilidad del sistema crediticio: Cuotas obligatorias reducen el espacio para decisiones basadas en análisis de riesgo o necesidades de mercado, lo que podría afectar la asignación eficiente de recursos.
2. Presión sobre tasas y márgenes de intermediación: La rentabilidad menor de este tipo de colocaciones puede trasladarse a un aumento en tasas para otros segmentos o a una reducción en los rendimientos para ahorradores.
3. Tensión sobre indicadores financieros: En un entorno de utilidades reducidas, obligar nuevas colocaciones bajo condiciones especiales puede afectar la solvencia o la liquidez de algunas entidades, especialmente medianas o pequeñas.
4. Percepción internacional y señales regulatorias: El uso extendido de herramientas no convencionales puede generar inquietudes en los mercados internacionales y afectar la percepción de independencia técnica en la política financiera.

¿Qué caminos alternativos se pueden considerar?

• Fortalecer los esquemas de garantía para facilitar acceso al crédito sin trasladar todo el riesgo a las entidades.
• Ajustar metas sectoriales con mayor precisión, incluyendo enfoques territoriales y diferenciados por tipo de empresa.
• Impulsar programas de acompañamiento técnico, alfabetización financiera y estructuración de proyectos que mejoren la bancarización de los beneficiarios.

El Pacto por el Crédito no debe considerarse un fracaso, pero sus avances hacen evidente la necesidad de ajustes. La solución no pasa por imponer obligaciones que puedan alterar los equilibrios del sistema financiero, sino por reforzar la capacidad del Estado y del sector financiero para trabajar en conjunto, con criterios técnicos y mecanismos bien diseñados.

Las inversiones forzosas pueden tener un rol excepcional en ciertos contextos, pero deben analizarse bajo un enfoque de costo-beneficio amplio. La historia económica de Colombia ofrece lecciones valiosas sobre los efectos no deseados de medidas bien intencionadas pero con resultados sin una efectividad tangible para la economía.