Petro: ¿Dos años de cambios?

Por: Pablo Morales Mosquera, editor adjunto Revista C-Level.

El gobierno de Gustavo Petro ha cumplido dos años en el poder, un periodo marcado por una combinación de desafíos económicos y políticas ambiciosas. Al evaluar su gestión, es esencial considerar los datos económicos oficiales y los planes implementados para enfrentar una situación fiscal compleja y un crecimiento económico moderado.

En estos dos años, la economía colombiana ha mostrado un crecimiento del PIB del 2.5% en promedio, una cifra que refleja un contexto global adverso y desafíos internos. Este crecimiento, aunque positivo, está por debajo de las expectativas iniciales y evidencia la necesidad de fortalecer políticas que impulsen el desarrollo sostenible. La inflación, que se ha mantenido en un promedio del 7.2%, ha sido uno de los factores que han impactado negativamente el poder adquisitivo de los colombianos.

El déficit fiscal se ha mantenido en un nivel preocupante, rondando el 5% del PIB. Esta situación ha llevado al gobierno a implementar medidas de ajuste fiscal para contener el gasto público y aumentar los ingresos. Entre estas medidas, se destacan la reforma tributaria y la lucha contra la evasión fiscal, que buscan mejorar la recaudación y asegurar una mayor equidad en el sistema tributario. Sin embargo, la implementación de estas reformas ha encontrado una resistencia considerable y ha generado un debate intenso en diversos sectores de la sociedad, lo que ha retrasado su efectividad y profundizado la desconfianza en la gestión económica del gobierno.

El desempleo sigue siendo un desafío significativo, con una tasa promedio del 11.5% en los últimos dos años. La recuperación del empleo ha sido más lenta de lo esperado, afectada por la pandemia y las restricciones económicas que vinieron con ella. Para abordar este problema, el gobierno ha lanzado programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para la creación de empleo. Además, se han establecido incentivos para la contratación de jóvenes y mujeres, dos de los grupos más afectados por el desempleo. Sin embargo, estos programas no han logrado generar el impacto esperado, y el mercado laboral sigue mostrando señales de debilidad, lo que subraya la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora.

Frente a estos desafíos, el gobierno de Petro ha puesto en marcha una serie de planes de reactivación económica. Estos planes incluyen inversiones en infraestructura, apoyo al sector agrícola y programas de innovación tecnológica. Un componente central de estos planes es el impulso a las energías renovables, con la meta de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del petróleo. Estas iniciativas no solo buscan reactivar la economía, sino también promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, la ejecución de estos planes ha sido lenta y ha encontrado obstáculos tanto burocráticos como financieros, lo que ha limitado su efectividad en el corto plazo y ha generado críticas sobre la falta de resultados tangibles.

Uno de los fracasos más notorios de la administración ha sido la reforma a la salud. Esta reforma, que buscaba transformar el sistema de salud colombiano para hacerlo más accesible y equitativo, no logró el respaldo necesario en el Congreso. La falta de consenso y la oposición de diversos sectores, incluyendo gremios médicos y asociaciones de pacientes, han dejado esta iniciativa estancada, generando incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud en el país. Este fracaso ha evidenciado la falta de capacidad del gobierno para construir alianzas y consensos necesarios para implementar cambios estructurales, una debilidad que ha sido ampliamente criticada.

Además, la economía colombiana ha experimentado una desaceleración notable. Las proyecciones iniciales de un crecimiento económico más robusto no se han materializado, y varios sectores productivos han mostrado signos de estancamiento. Esta desaceleración ha sido exacerbada por un entorno geopolítico global volátil, con tensiones comerciales y conflictos internacionales que han afectado el comercio y la inversión extranjera en Colombia. Las políticas gubernamentales no han logrado mitigar adecuadamente estos efectos, lo que ha generado críticas sobre la capacidad del gobierno para manejar la economía en un contexto global complejo y ha puesto en duda la eficacia de las medidas económicas adoptadas.

En el ámbito social, el gobierno ha implementado políticas para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. El programa "Ingreso Solidario" ha sido uno de los pilares en este esfuerzo, proporcionando apoyo económico directo a millones de hogares en situación de pobreza. Además, se han fortalecido los programas de educación y salud, con un énfasis en la universalización del acceso y la mejora de la calidad de los servicios. No obstante, estos programas han enfrentado problemas de implementación y cobertura, lo que ha limitado su impacto real en la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida, evidenciando una brecha entre la retórica gubernamental y los resultados obtenidos.

A pesar de estos esfuerzos, el gobierno enfrenta críticas y desafíos significativos. La implementación de las reformas ha sido más lenta de lo previsto, y algunos sectores consideran que las medidas adoptadas no son suficientes para enfrentar los problemas estructurales de la economía colombiana. La inseguridad y la violencia en algunas regiones del país también siguen siendo un problema grave, que afecta la inversión y la calidad de vida de los ciudadanos. La incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden en estas áreas ha generado descontento y ha minado la confianza en su capacidad de liderazgo, poniendo en evidencia las limitaciones en la gestión de la seguridad pública.

Los datos oficiales reflejan una realidad compleja: mientras el PIB crece a un ritmo moderado y la inflación se mantiene alta, el déficit fiscal y la tasa de desempleo indican la necesidad de una gestión económica más efectiva. La crítica al gobierno se fundamenta en estas cifras, señalando que las políticas actuales no han logrado revertir de manera significativa los problemas estructurales que enfrenta la economía colombiana. La falta de resultados concretos en áreas clave ha generado una creciente desilusión entre los ciudadanos y ha planteado dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la agenda económica del gobierno.

Sin embargo, es importante reconocer los avances logrados y el compromiso del gobierno con la transformación social y económica del país. La apuesta por un desarrollo sostenible y equitativo es una dirección correcta, aunque su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para superar los obstáculos y consolidar las reformas. La administración de Gustavo Petro deberá enfrentar con mayor determinación los desafíos pendientes y demostrar su capacidad para implementar cambios estructurales que conduzcan a un desarrollo más equitativo y sostenible.

Los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro han sido un periodo de grandes desafíos y cambios importantes. El crecimiento económico moderado, la situación fiscal apretada y las altas tasas de desempleo han sido algunas de las dificultades enfrentadas. No obstante, los planes de reactivación económica y las políticas sociales implementadas muestran un camino hacia un desarrollo más equitativo y sostenible, aunque la efectividad de estas medidas sigue siendo cuestionada.