¿Por qué se habla de la tasa de usura en Colombia?

La usura en Colombia es una práctica financiera que consiste en cobrar intereses excesivos sobre un préstamo, superando los límites establecidos por la ley. 

Según el Código Penal Colombiano (Artículo 305), esta práctica es ilegal y está tipificada como delito. La usura se regula a través de un porcentaje máximo de interés que se actualiza trimestralmente por la Superintendencia Financiera, conocido como la tasa de usura, que sirve como indicador para proteger a los consumidores financieros de abusos. 

El origen de la regulación de la usura en Colombia responde a la necesidad de prevenir la explotación económica en un contexto de desigualdad social y acceso limitado al crédito formal. 

Durante gran parte del siglo XX, muchas personas acudían a prestamistas informales que cobraban intereses exorbitantes, lo que generaba un ciclo de endeudamiento crónico y perpetuaba la pobreza. 

La intervención del Estado buscó frenar estas prácticas abusivas mediante un marco normativo que promoviera la equidad y transparencia en las relaciones financieras. La regulación de la usura también nació como una respuesta al auge de la banca y el sistema financiero formal en el país. A medida que estas instituciones comenzaron a desempeñar un papel central en la economía, se hizo necesario establecer normas claras para garantizar que los intereses cobrados fueran justos y razonables.

Esto también buscó promover la confianza en el sistema financiero, incentivando a más personas a recurrir a alternativas legales en lugar de opciones informales o ilegales.

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La lucha contra el gota a gota: una prioridad para el país

Sin embargo, la usura sigue siendo un problema en ciertos sectores de la economía informal, donde los mecanismos de control y regulación son menos efectivos. Los prestamistas informales, también conocidos como "gota a gota", continúan operando en comunidades vulnerables, aprovechándose de la falta de acceso a servicios financieros formales. 

Este fenómeno evidencia la necesidad de seguir trabajando en políticas de inclusión financiera que ofrezcan soluciones accesibles y seguras para todos los ciudadanos. 

En conclusión, la usura en Colombia no solo representa un problema legal, sino también un desafío social y económico. Aunque el marco regulatorio ha contribuido a limitar los abusos, el problema persiste en sectores marginados. Abordar la usura requiere un enfoque integral que combine legislación, educación financiera y estrategias para fomentar el acceso al crédito formal, con el fin de construir un sistema financiero más justo y equitativo para todos.