Procuraduría alerta por riesgo en suministro de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación reiteró su preocupación frente al reciente convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para el suministro de pasaportes, al señalar que persisten serias dudas sobre la continuidad del servicio y la legalidad del proceso contractual.

De acuerdo con el ente de control, no se conocen los estudios técnicos previos ni los documentos precontractuales del convenio, como exige la ley de contratación estatal. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores había elaborado estudios para contratar con un aliado público internacional, el convenio vigente traslada la responsabilidad a la Imprenta Nacional, sin explicación suficiente sobre el cambio.

Aumenta el riesgo de quedarse sin pasaportes desde septiembre

Uno de los aspectos más críticos advertidos por la Procuraduría es que solo quedan 290.000 libretas por entregar del contrato vigente, que vence el próximo 31 de agosto de 2025. Hasta el momento, no se ha definido con claridad quién prestará el servicio a partir del 1 de septiembre, lo que abre la posibilidad de un desabastecimiento que podría afectar a miles de ciudadanos y al funcionamiento normal del sistema migratorio.

Además, el Ministerio Público advierte que se desconoce si el actual contratista ha sido notificado para continuar el servicio mediante la figura de urgencia manifiesta, lo que agrava el nivel de incertidumbre institucional.

Preocupaciones legales y antecedentes de la Imprenta Nacional

El órgano de control también cuestiona que el convenio haya sido firmado por la secretaria general encargada de la Cancillería y no por la ministra de Relaciones Exteriores, sin que se haya publicado un acto administrativo que justifique la delegación.

A esto se suma que la Imprenta Nacional ya enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación para la fabricación de cédulas de extranjería, proceso en el que también se involucró un tercero internacional. La Procuraduría recuerda que este tipo de convenios deben observar los principios de transparencia, planeación y eficiencia, especialmente cuando se utilizan esquemas excepcionales de contratación pública.

La vigilancia continúa

“El órgano de control continuará ejerciendo vigilancia sobre este proceso y tomará las acciones necesarias para garantizar la prestación del servicio, la adecuada administración de los recursos públicos y la transparencia del proceso de contratación”, señala el comunicado oficial de la Procuraduría.