Trámites y regulaciones frenan la libertad económica en América Latina

Los trámites que exceden los plazos oficiales, la acumulación de impuestos y las políticas que regulan actividades económicas sin crear oportunidades productivas están limitando el crecimiento de empresas y trabajadores en América Latina.

Cinco investigaciones presentadas durante LATAM Sin Barreras: foro regional sobre libertades económicas analizaron las dificultades para trabajar, emprender, producir, invertir y crecer dentro de las reglas vigentes en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.

El encuentro, realizado el 17 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, fue liderado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia).

Los estudios coinciden en que reconocer un derecho, crear un procedimiento o establecer una política no garantiza una oportunidad económica. Para las empresas, la diferencia está en que las normas puedan entenderse, cumplirse y aplicarse de forma previsible.

En Bogotá, solo el 1 % llegó a programas productivos

La investigación del Centro de Estudios Manuel Ramírez encontró que más de 23.400 vendedores informales fueron registrados o caracterizados en Bogotá entre 2001 y 2024, pero apenas el 1% fue vinculado a programas de inclusión productiva.

La cifra evidencia la distancia entre controlar el uso del espacio público y crear caminos para que los vendedores aumenten sus ingresos, accedan a nuevos mercados o avancen hacia la formalización.

“Cuando una política pública se diseña sin conocer cómo funciona realmente una actividad económica, puede terminar resolviendo una parte del problema y dejando intacta la que más afecta a las personas”, explicó Juan Manuel García, investigador senior de CEMR Colombia.

El investigador señaló que escuchar a quienes trabajan en los territorios permite reconocer las barreras reales y diseñar soluciones que respondan a las condiciones de cada actividad económica.

Pequeñas empresas exportan, pero concentran poco valor

En El Salvador, el comercio de bienes y servicios pasó de representar el 49,6 % del producto interno bruto en 1990 al 88,2 % en 2025. Sin embargo, la apertura comercial no se ha traducido en una participación amplia de las empresas en las exportaciones.

Solo el 6,2 % de las compañías formales exportó bienes durante 2022. Las pequeñas empresas representaron el 86 % de las firmas exportadoras, pero concentraron apenas el 4 % del valor exportado.

La investigación de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social plantea que los costos, trámites y capacidades empresariales siguen restringiendo la participación de los negocios pequeños en el comercio internacional.

Bolivia enfrenta una dificultad relacionada. Un estudio de Fundación Milenio encontró una conexión entre informalidad, baja productividad y limitaciones para el crecimiento empresarial. La formalización, según el análisis, necesita ofrecer acceso efectivo a financiación, inversión y mercados, además de exigir el cumplimiento de obligaciones.

Licencias de 20 días tardan hasta ocho meses

La diferencia entre los tiempos establecidos por las normas y su aplicación aparece con mayor claridad en Guatemala.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales encontró que obtener una licencia sanitaria podía tomar en 2025 entre cinco y ocho meses, aunque el plazo oficial estaba fijado entre 15 y 20 días hábiles.

Una demora de esa magnitud afecta el inicio de operaciones, incrementa los costos y reduce los incentivos para que las empresas cumplan los procedimientos formales. También introduce incertidumbre sobre el momento en que una inversión podrá comenzar a generar ingresos.

Argentina presenta otro tipo de carga. La investigación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento identificó 150 tributos, de los cuales 82 corresponden al ámbito municipal.

El problema no se limita al número de impuestos. La aplicación de requisitos similares a empresas con diferentes tamaños o niveles de riesgo puede imponer costos proporcionalmente mayores a los pequeños negocios.

Las mediciones internacionales no reflejan toda la región

El análisis conjunto de los cinco países concluyó que los índices internacionales sobre libertad económica no siempre capturan las particularidades institucionales, jurídicas y sociales de América Latina.

Por esta razón, CIPE propone desarrollar un marco regional que no se limite a determinar si una libertad está reconocida en la legislación, sino que también mida las condiciones reales para ejercerla.

“Nos queda ampliar con otros países el estudio conjunto de la libertad económica y su promoción, y además verificar cómo medirla, porque lo que no se mide es difícil saber cómo progresa”, explicó Ángela María Vélez, directora de CIPE Colombia.

Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, señaló durante el foro que la libertad económica requiere fundamentos institucionales como seguridad, justicia, condiciones empresariales y capital humano. El economista puso como referencia la evolución de Singapur y Corea del Sur, economías que a mediados del siglo pasado registraban ingresos por habitante similares o inferiores a varios países latinoamericanos y que hoy pertenecen al grupo de ingresos altos.

Simplificar antes de digitalizar

Las investigaciones plantean una agenda que incluye revisar las regulaciones antes y después de implementarlas, fortalecer las capacidades de las instituciones territoriales y hacer visibles los requisitos, costos, responsables y tiempos de cada trámite.

Una de las recomendaciones centrales consiste en simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos. Trasladar a internet un proceso fragmentado o repetitivo no elimina la carga para las empresas ni corrige las diferencias de interpretación entre entidades y funcionarios.

La agenda también propone mejorar la coordinación entre instituciones, escuchar a quienes desarrollan las actividades económicas y mantener espacios de diálogo entre autoridades, empresas, trabajadores y centros de pensamiento.

“Desde CIPE estamos comprometidos con apoyar a los centros de pensamiento de América Latina en sus esfuerzos por identificar las principales barreras a las libertades económicas y contribuir al desarrollo de soluciones de política pública”, señaló Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe en CIPE.

Los cinco estudios no plantean eliminar las reglas, sino corregir aquellas que imponen costos innecesarios o que no pueden aplicarse en los plazos establecidos. Para empresas y trabajadores, esa diferencia se traduce en tiempo, recursos y posibilidades reales de formalizarse, acceder a mercados e invertir.