ANDI advierte riesgo fiscal y pérdida de competitividad con la nueva Ley de Financiamiento

El Proyecto de Ley de Financiamiento 283/2025 Cámara – 262/2025 Senado, presentado por el Gobierno Nacional para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación (PGN), ha generado una fuerte respuesta del sector empresarial.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) alertó que la iniciativa “no corrige los problemas estructurales del sistema tributario” y, por el contrario, incrementaría la carga sobre el sector formal y el costo de la inversión productiva.

Un ajuste recaudatorio, no estructural

Según el análisis de la ANDI, el PGN aprobado para 2026 no refleja el mensaje de austeridad fiscal que el país requiere. Aunque fue reducido en $10 billones durante su trámite, se necesitaría un recorte adicional de $35 billones para garantizar sostenibilidad de las finanzas públicas.

La organización señala que la reforma propuesta es eminentemente recaudatoria y no aborda problemas estructurales como la evasión, la complejidad y la informalidad, que limitan la competitividad tributaria. “Colombia pasaría a tener una de las cargas corporativas más altas del mundo, con tasas efectivas de hasta 65% en algunos sectores”, advierte el documento.

Impactos en la inversión y la economía digital

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el incremento de la tasa de renta del 35% más sobretasas del 15% para sectores extractivos y financieros, lo que ubicaría al país por encima del promedio de la OCDE (23%).

Además, se plantea un aumento del impuesto a los dividendos del 20% al 30%, elevando la tributación combinada sobre utilidades empresariales hasta el 65% para inversionistas extranjeros.

La propuesta también afectaría la economía digital, elevando la tarifa por Presencia Económica Significativa (PES) del 3% al 5% sobre ingresos brutos, lo que según la ANDI “restringiría la innovación y encarecería la transformación tecnológica de las empresas”.

Más presión sobre familias y trabajadores

El documento destaca que la reforma aumentaría la tributación para personas naturales con ingresos superiores a $10 millones mensuales, llevando la tarifa marginal hasta el 41%, además de eliminar deducciones como el componente inflacionario de rendimientos financieros y la deducción por dependientes.

Para la ANDI, estas medidas “afectarían el consumo, el ahorro y la capacidad de contribución de las familias”, repitiendo los efectos regresivos observados tras la Ley 2277 de 2022.

Un llamado a archivar el proyecto

La ANDI pidió al Congreso archivar la iniciativa y centrar los esfuerzos en una reforma estructural que reduzca el gasto público y simplifique el sistema fiscal.
Entre las recomendaciones del gremio destacan:

• Implementar una reducción gradual de la tarifa de renta corporativa hacia niveles competitivos.

• Diseñar una estrategia de formalización empresarial que amplíe la base de contribuyentes.

• Combatir la evasión estimada en más de $72 billones anuales.

• Evitar impuestos antitécnicos, como el impuesto al patrimonio, que generan múltiple tributación económica y desincentivan la inversión.

El gremio concluye que la reforma, tal como está planteada, no promueve la reactivación económica y podría agravar la pérdida de competitividad del país frente a la región.

En palabras del documento: “El Estado debería enfocarse en propuestas estructurales orientadas a reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sistema tributario, en lugar de seguir aprobando reformas parciales y recaudatorias.”